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lunes, 14 de noviembre de 2011

Táchira| 20 mil familias pierden la propiedad de sus terrenos en Comunidad Morales

Considera Walter Márquez que la decisión es un "fraude procesal"

San Cristóbal, 14 Nov 2011, PRENSA ORIC.-  El alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira, Walter Márquez, precisó que la decisión sobre el  caso de la Comunidad Morales que involucra 220 mil hectáreas de terreno distribuidos entre los municipios Libertador, Fernández Feo, Uribante y Cárdenas, "es el mayor fraude procesal, judicial, de despojo territorial y violación de derechos que se haya visto en Venezuela".

Ante tal decisión especificó que la próxima semana elevará ante la Oficina de las Naciones Unidas, concretamente al Alto Comisionado para América, Europa y Asia, Gianni Magazzeni, el caso de la Comunidad Morales para que sea remitido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra a fin de que conozcan de la violación de derechos humanos que se está cometiendo con más de 20 mil familias de la entidad tachirense.

"El pasado 11 de noviembre fue una fecha espiritual para varias personas en el mundo. Sin embargo se convirtió en un día trágico para los pobladores de la zona sur del Táchira, porque se venció el lapso para la entrega voluntaria de sus tierras y ahora, en consecuencia, viene la ejecución forzosa por parte del Tribunal de Primera Instancia Agraria de enero del 2006", precisó Márquez.

Aclaró que una Juez declaró baldías 220 hectáreas de terreno distribuidos entre los municipios Libertador, Fernández Feo, Uribante y Cárdenas mediante un "fraude procesal" al desconocer títulos coloniales otorgados antes de la República y miles de cadenas de propietarios y productores agropecuarios en el sur del Táchira.

El caso de la Comunidad Morales fue elevado ante un Juez Superior, quien formó parte de "esa componenda judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde -mediante justicia política y no jurídica-, fue ratificada esa decisión. Vista esta situación alertamos a los pobladores que a partir de los próximos días perderán la propiedad de sus tierras".

Walter Márquez aseguró que se está violando el derecho a la propiedad y a la defensa porque la mayoría de las personas afectadas no estuvieron presentes en el juicio "esto viola la seguridad registral en Venezuela y lo que fue propiedad privada va a pasar a formar parte de tierras baldías administradas por el Estado y por Inti, ente que las distribuirá de acuerdo a la sentencia".

"La decisión sobre la Comunidad Morales está basada en argumentos ridículos: primero, se dijo que el Cabildo de La Grita no tenía facultades para vender, cuando eso formaba parte de las otorgadas por derecho. En segundo lugar, se conoció que el padre Morales compró algo que La Grita no podía vender. Luego el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la demanda porque no se había calculado el monto de la acción y, por último, en la Sala Constitucional, señalaron que necesitaban un nuevo poder,  cuando la propia Constitución de la República de Venezuela establece que hay que prescindir de convalidadas legales para garantizar el estado de derecho y de justicia".

Aseguró, como estudioso de la historia, que la Comunidad Morales es plena propiedad privada, ya que los documentos son exactos y auténticos, "y el fraude lo está cometiendo el Estado venezolano, los fiscales de la República y el actual Gobierno nacional al pretender despojar de su tierra a los habitantes del sur del Táchira".

Considera que estas decisiones sobre la Comunidad Morales "tienen una intención política, ya que el Estado venezolano quiere convertirse en el gran terrateniente. Aquí ni siquiera se puede aplicar un latifundio, debido a que estudios hechos por la Universidad Nacional Experimental del Táchira aseguran  que 95 por ciento de las tierras pertenecen a pequeños y medianos productores, y únicamente 2 por ciento son de propietarios superiores".

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